El derecho al olvido viaja a Google Inc tras el fallo del Supremo

Extracto del artículo de @luisjasanchez publicado en Law & Trends

Vía contenciosa más compleja de utilizar


Borja Adsuara, Profesor y Abogado, Experto en Derecho y Estrategia Digital, ofrece otra lectura de este fallo que está generando tanto debate. Desde su punto de vista, la sentencia del Supremo fijando la responsabilidad de la gestión del derecho al olvido en Google Inc. es correcta, porque en España Google tiene una oficina comercial y representativa, y aquí no hace tratamiento de datos “son personalidades jurídicas diferentes. Ahora habrá que ver si con este fallo Google apoya la práctica de derecho al olvido por parte de los ciudadanos o será más compleja; habrá que verlo en la práctica”; apunta.

Nuestro interlocutor no oculta que si Google no acepta la petición del ciudadano español sobre el borrado de los datos, habrá que pedirle a la AEPD que presente una demanda contra Google Inc. “Éste es un proceso más complejo, con lo cual parece que, lo que Google no confirme vía borrado de datos, la otra via, la contenciosa se prevé más complicada, al tener que demandar a una compañía en EEUU”, apunta.

Para este experto, este tipo de planteamiento demuestra que la Sentencia del TJUE no fue acertada al convertir a Google en juez y parte del llamado derecho al olvido “y más cuando hablamos de derechos fundamentales con tutela judicial efectiva”.

Para Adsuara, en la sentencia, en la nota de prensa de la AEPD y en los criterios de Google sobre el formulario para reclamar el derecho al olvido hay un tema que no queda claro: “están hablando de privacidad y este término no aparece en nuestras leyes y si el de intimidad. Al mismo tiempo se confunden aspectos que no son de la intimidad y sí de la propia imagen. De hecho la reclamación de Mario Casteja que dio pie a esa sentencia ya histórica no era un tema de intimidad y sí de su propia imagen. Desde aquí tampoco quedan claros los criterios que tiene Google para retirar esa información gravosa para el ciudadano”; apunta.

Y es que para este jurista, la interpretación del derecho al olvido habría que hacerla siguiendo el articulo 18.4 de la Constitución, donde se habla de la protección al honor y a la intimidad, que ha de hacerse a través de la tutela efectiva de los derechos fundamentales por los jueces, y no por este procedimiento que ahora se solventará en Google INc.

Y señala que hay un grupo de abogados digitales, entre los que él se encuentra, partidarios del llamado derecho al recuerdo, “tampoco queda claro ahora, quien defiende que aquello que pueda ser interesante para la sociedad no se borre. Debería ser el juez, como garante del interés general quien lo hiciera, pero no ha quedado claro.”

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