La “copia privada” no existe

Artículo publicado en bez.es

Reflexión sobre la ampliación del concepto y alcance de la llamada ‘copia privada’, al hilo de la reciente modificación legal del ‘canon digital’ o compensación equitativa por copia privada. 



Existe la ‘copia’, a secas. Y, luego, el ‘uso’ que se haga de esa copia, que puede ser un uso privado (o doméstico) o un uso público (o colectivo). Y éste último puede hacerse sin o con ‘ánimo de lucro’ (o intención de obtener un beneficio económico).

Pero, cuando se hace una copia, muchas veces no se puede determinar o probar qué uso se le va a acabar dando a esa copia. Porque puede ser que en un principio fuera para uso privado, pero que acabe compartiéndose en internet (públicamente).

Por eso, lo que se debe regular (autorizar o prohibir) no es la copia, en sí misma, ni los diferentes ‘tipos’ de copias, que no son tales, sino los distintos ‘usos’ que se les pueden dar; algunos, legales y otros, que no cuentan con los debidos derechos.

La modificación del concepto y alcance de la “copia privada”

La reciente aprobación del Real Decreto-Ley por el que se modifica el sistema de ‘compensación equitativa por copia privada’ (conocido vulgarmente como el ‘canon digital’) va más allá de un cambio de deudor o de pagador, volviendo al sistema en que el deudor o pagador son los fabricantes y distribuidores de equipos y soportes, al haberse anulado por el Tribunal Supremo la posibilidad de que fuera el Estado.

Se ha aprovechado esta necesaria modificación del deudor o pagador para hacer un ‘retoque’ de la Ley de Propiedad Intelectual que afecta, no ya al ‘canon digital’ o compensación equitativa por copia privada (art. 25), sino al concepto mismo de ésta y a su alcance (art. 31.2); concepto y alcance que habían quedado restringidos a dos únicos supuestos en la reforma de 2014 y que ahora, por tanto, se amplían.

Esta reforma del concepto y alcance de la copia privada (art. 31.2), más importante, a mi juicio, que la de su compensación (art. 25), ha pasado casi desapercibida por la forma en la que está hecha: “La letra b) del artículo 31.2 queda redactada del siguiente modo: b) Que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren las condiciones de accesoa la obra o prestación”.

Al comparar esta redacción con la vigente, notamos pequeñas diferencias: “b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita”. Es decir, se amplía el alcance de este artículo, por un lado, a las ‘prestaciones’ de los intérpretes y ejecutantes (actores y músicos) y, por otro, a las condiciones de acceso (y uso) de los contenidos, de las plataformas digitales.

Pero la modificación más importante no se ve tan fácilmente, porque, simplemente, no figura y ni siquiera se comenta: la supresión del inciso que venía a continuación. “A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes (dos) supuestos”: las copias hechas a partir de un original comprado y las realizadas a partir de la radio y la TV.

Las copias privadas de copias privadas

¿Por qué se ha suprimido la “lista cerrada” de los dos únicos supuestos legales de copia privada, que había introducido la reforma de la LPI de 2014? Evidentemente, porque lo que se pretende es ampliar el concepto (y su alcance) a otros supuestos.

¿Qué otros supuestos de copia privada puede haber, aparte de los dos descritos? Por ejemplo, las copias privadas que se hacen, no a partir de un original comprado,  sino a partir de otras copias privadas, a las que te da acceso alguien de tu entorno.

Para mí, este supuesto no plantea demasiados problemas, porque es similar a la copia privada que antiguamente se hacía en una cassette, no a partir de un disco comprado, sino a partir de la copia privada que había hecho un amigo de ese disco.

El único problema que puede tener este supuesto es la dificultad de demostrar que la primera copia privada de la cadena se hizo desde un ‘original’ comprado o al que se ha accedido legalmente; es decir, cumpliendo el requisito de una “fuente lícita”.

El otro problema que antiguamente tenían ‘las copias privadas de copias privadas’, que era la progresiva pérdida de calidad (al hacer sucesivas copias de una cassette a otra en una doble pletina), no existe en digital, porque son ‘duplicados’ perfectos.

Las ‘descargas’ de internet

Aunque el alcance del concepto de copia privada se haya ampliado a otros posibles supuestos (como el que hemos visto de ‘las copias privadas de las copias privadas’, que -injustamente- se habían excluido en la reforma de 2014 de la LPI), no incluye, sin embargo, a las “descargas” de internet que se realizan a partir de webs que no tienen los derechos sobre esas obras o prestaciones, o a partir de las redes P2P.

Sigue vigente, por tanto, el requisito de que la copia privada se haga a partir de una “fuente lícita”. Y, para ello, el que ‘sube’ una obra a internet o la ‘pone a disposición’ de otros, debe tener los derechos para realizar ese acto de comunicación pública. Y, normalmente, las webs de descargas son piratas y los usuarios que comparten archivos a través de redes P2P sólo tienen licencia para hacer un uso ‘doméstico’.

Por eso, aunque se ha ampliado el alcance del concepto y los supuestos de ‘copia privada’ (o, mejor dicho, del uso privado de una copia), éstos siguen representando una parte mínima de las copias digitales que se hacen. Y, aunque se compensen las copias privadas por la industria electrónica, ¿quién compensa a la industria de contenidos por las copias (ilegales) que no están amparadas por la copia privada?  


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